Ley de Transición Energética

Alternativo.mx/ México no puede darse el lujo de retardar la aprobación de la Ley de Transición Energética, el desarrollo de mecanismos e incentivos para la generación de energía con fuentes renovables es un vacío de la reforma energética, es un error dejar pasar la oportunidad de garantizar nuestra seguridad energética a través de una legislación energética equilibrada, de impulsar el desarrollo económico a través de un modelo energético más sustentable y de cumplir eficiente y efectivamente nuestra contribución para estabilizar la emisiones globales de CO2 y evitar alteraciones en el sistema climático.

En la Cumbre de Cambio Climático Paris 2015 conocida como COP21, comienza a fluir la información de que se llegará a un acuerdo climático que, en lo que respecta a mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tendrá como características centrales: La definición de metas nacionales para todas las partes y no únicamente para los países industrializados; Establecimiento de mecanismos quinquenales de revisión de cumplimiento; La intención de aumentar la ambición de los objetivos en forma incremental; y un modelo de acuerdo fundamentalmente voluntario y no como tratado vinculante.

México asume el compromiso incondicional de reducir 22% sus emisiones de Gases Efecto Invernadero hacia 2030, las cuales pueden llegar a incrementarse hasta un 40% condicionada a la firma de un acuerdo internacional que incluya elementos como la determinación de un precio internacional a las emisiones de carbono, cooperación técnica, transferencia tecnológica y acceso a financiamiento de bajo costo.

Este modelo implica que nuevamente por lo que respecta a la mitigación de Gases Efecto Invernadero, se desplaza a un diseño más eficiente y efectivo de planes climáticos nacionales. Lo cual tiene consecuencias: En primer lugar, la prioridad será ahora desarrollar incentivos para interconectar en forma multinivel acciones locales, nacionales, regionales y globales y de esa forma contener gradualmente las emisiones globales de Gases Efecto Invernadero. En segundo lugar, la efectividad de planes nacionales depende de garantizar congruencia en el diseño institucional y correspondencia entre los objetivos de diferentes políticas sectoriales (energía, medio ambiente, desarrollo urbano, desarrollo rural, política social entre otros). Y tercero, y no menos importante, es indispensable desarrollar la capacidad nacional para verificar y reportar con transparencia los grados de avance en el cumplimiento de metas.

El rediseño de la estructura climática nos obliga a poner atención en la correspondencia entre las metas en materia de cambio climático y los objetivos que se definen para otras políticas públicas, en especial para el sector energético, y es aquí donde los especialistas plantean un problema de congruencia: ¿es posible garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos, descarbonizar la economía o impulsar una transición hacia forma de organización social más sustentables cuando nuestra base energética depende de fuentes fósiles?
La respuesta a ésta pregunta la encontramos en los debates legislativos de la reforma energética, las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas presentadas y los considerandos de los dictámenes aparecen reiteradamente menciones a la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente, la amenaza del cambio climático o el impulso a energía con fuentes renovables, lo cierto es que la reforma energética está orientada a profundizar, ahora a través de la apertura al mercado, un modelo dependiente de combustibles fósiles. Independientemente de todo el discurso y la reivindicación retórica de la sustentabilidad, la prioridad de la reforma está en explotación de petróleo y gas natural no convencional.
La aprobación en México de la Ley de Transición Energética es indispensable para garantizar la congruencia entre diseño institucional y los compromisos internacionales, así como correspondencia entre distintos objetivos sectoriales; ésta ley aprobada por el Senado el martes 1 de diciembre de éste año y ahora pendiente en la Cámara de Diputados, propone entre otras cosas: 1) Una participación mínima de 35% de energías limpias en la generación de energía eléctrica para el 2024 con metas intermedias para el período 2018 y 2021 y en complemento a la operación de los Certificados de Energía Limpia establecidos en la Ley de Industria Eléctrica. 2) Diversificación de la matriz de generación eléctrica al proponer la generación de 153 TWh con fuentes limpias y 283 TWh de gas al 2024. 3) La Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios como instrumento rector de mediano y largo plazo de la política nacional en materia de energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía. 4) Crear el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes para fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad. 5) Define metas de eficiencia energética e instruye la creación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía. 6) Promueve combatir el cambio climático y cumplir las obligaciones nacionales e internacionales con una reducción de 80/100 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e). 7) Estructurar e implementar la generación eléctrica distribuida como medio para democratizar el acceso a la energía, generar empleo, reducir el costo de la electricidad para las familias y eliminar paulatinamente hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional, es decir $43,000 millones de pesos anuales.
Esperando que en congruencia con la política en materia de medio ambiente y los compromisos asumidos por el gobierno mexicano en la COP21 de Paris, los legisladores despierten y entren al debate serio y consiente aprobando lo más pronto la Ley de Transición Energética.

Lic. Israel Chávez Pozas.

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